Internacional | Estados Unidos
Bajo la bandera de que se trata de una legislación “xenófoba y racista”, un creciente número de organizaciones sindicales y comunitarias de Estados Unidos alista una ofensiva legal, de movilizaciones y un boicot a raíz de la Ley SB 1718, llamada “DeSantis”, que, según el Congreso de Florida, busca confrontar los “efectos peligrosos de la inmigración ilegal ocasionados por las políticas fronterizas imprudentes” del presidente Joe Biden.
“Cuando entre en efecto esta ley, la vida de las familias inmigrantes en Florida, al margen de su estatus migratorio, será una pesadilla. Este es un ataque directo a los trabajadores esenciales y los inmigrantes sin tener en cuenta la implementación de su impacto humano”, advierte Angélica Salas, mexicano-estadunidense y directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés).
Cientos de familias de origen hispano, y muchas de origen maya en el sur de Florida que no hablan ni inglés ni español sino k’iche, mam, popti’ y q’anjob’al, comenzaron un éxodo a otros estados más hospitalarios, por temor a ser criminalizados o no poder trabajar en Florida a partir de este fin de semana.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el grupo de abogacía hispana más antiguo de EU, lanzó una advertencia de “no viaje” a Florida, al tiempo que analiza lanzar junto con otros grupos un boicot similar al que apoyaron contra la polémica legislación 1070 de Arizona en 2010.
“Las (nuevas leyes) de DeSantis nos tratarán como criminales por transportar a una persona que solo visita a la familia o disfruta Disneyworld”, señala el presidente de Lulac, Domingo García.
Lulac, con el apoyo del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal, de la Unión Nacional de Libertades Civiles y en consulta con la influyente NAACP, la mayor organización de afroamericanos en EU, y con sindicatos, explora los ángulos de una demanda legal para frenar a la SB 1718 una vez que entre en vigor.
Luis Vega, un activista que organizó una caravana de migrantes desde California hasta el estado gobernado por DeSantis con el slogan “Todos Somos Florida”, se adelantó a las organizaciones hispanas más grandes y convocó a un “boicot” turístico a partir de mañana y hasta el 4 de julio, Día de la Independencia de EU.
La ley del precandidato presidencial, que entra en vigor este sábado, incluye un puñado de las medidas más draconianas contra los migrantes, incluso algunas que son más duras que las políticas de la era de Donald Trump, sobretodo dos cláusulas han prendido focos rojos en los grupos defensores de migrantes.
En primer lugar, modifica el delito de contrabando de personas para establecer que una persona comete un delito grave cuando transporta a Florida a indocumentado, por lo cual se puede llegar a enfrentar una cadena de 15 años de cárcel y 15 mil dólares de multa.
En segundo lugar, obliga a las empresas privadas con 25 o más empleados a usar el sistema E-Verify para los nuevos trabajadores, con lo cual criminaliza a los patrones que contraten a indocumentados a través de la amenaza de la suspensión de sus licencias y multas de mil dólares diarios.
Otras de sus disposiciones agregan el delito de tráfico de personas a la lista de delitos que permiten el enjuiciamiento y desconoce cualquier identificación o licencia emitida fuera del estado a los indocumentados.
Fuente: Milenio
