Hace algunos años el señor Christián Cardenas fue investigado por un hecho popularmente conocido como “Consejales On-Tour” y es que en ese entonces contraloría le ordenó a él y a otros 2 consejales de la comuna de Quilpué devolver cerca de 19 millones de pesos al municipio. Dineros que fueron utilizados en viajes a España en 2015.
Esto a raíz de un informe emitido por la Contraloría regional de Valparaíso. El ente fiscalizador determinó que en dos pasantías pagadas por el municipio, las que realizaron en sus periodos de concejales en 2015, no lograron acreditar que la participación haya sido de interés propiamente institucional.
La noticia es que Cárdenas quiere ingresar nuevamente a la carrera política esta vez con la intención de ser candidato a alcalde la comuna de Quilpué, donde participará de una elección primaria para elegir a un candidato único que competirá en la elección general de alcaldes en abril del 2021.
“Consejales On-Tour” no es el único acto cuestionado por contraloría en contra de Cárdenas, También se detectan numerosos almuerzos y reuniones entre el Alcalde de Limache y el otrora Gobernador del Marga Marga, que van entre los $140 mil y $400 mil pesos. Siendo objetados por contraloría en reiteradas ocasiones ya que no se autoriza que del presupuesto municipal se otorguen recursos para este tipo de actividades que no tienen una finalidad de beneficio del municipio de Limache, hechos ocurridos durante el año 2016 previo a las elecciones del 2017.
Tras la investigación, la Controlaría determinó que la Gobernación no confeccionó los términos de referencia del trato directo analizado. También se comprobó que el contrato con el contratista fue celebrado el 26 de noviembre del 2016, en tanto que la resolución exenta y su respectiva Orden de Compra fueron emitidas en diciembre del 2016; esto es, transcurridos más de cinco meses contados desde la fecha en que se habría iniciado la prestación de los servicios, lo anterior implica una infracción al artículo número de 8 de la Ley 18.575.
También queda consignado en la investigación de la Contraloría que la Gobernación, en ese momento al mando de Christian Cárdenas, no exigió al mencionado proveedor la presentación de una boleta de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, vulnerando así el artículo 68, inciso final del decreto número 250 del año 2004, que dispone que esta boleta será obligatorio para las contrataciones que superen las 1.000 UTM, como era en este caso.
