Morelia
El exalcalde con licencia de la capital de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, quien aspira a la reelección con la alianza PAN-PRD, se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en su gestión que superan los 823 millones de pesos.
Una pesquisa inicial, llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se centra en el manejo excesivo de fondos en la alcaldía de Morelia, señalando a cuatro empresas como posibles partícipes en actividades de facturación irregular. Simultáneamente, la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF están investigando la presunta comisión de diversos delitos, incluyendo el ejercicio ilícito del servicio público, peculado y delincuencia organizada, relacionados con la adjudicación directa de 79 contratos que suman más de 475 millones de pesos.
Los hallazgos de la investigación de la UIF indican un gasto significativo de más de 348 millones de pesos en concepto de “asesorías” por parte de cuatro empresas. Estas empresas, como Portare Servicios y Soluciones, Sánchez Díaz Soluciones Integrales S.C., Grupo Pro Gler y Soluciones de Negocios Gomo, no cuentan con la descripción de servicios de asesoría gubernamental en sus registros, lo que ha suscitado interrogantes sobre la legitimidad de sus operaciones.
La falta de transparencia en los procesos de contratación ha levantado alarmas adicionales, ya que no se encontraron registros de licitaciones ni contratos relacionados con estas empresas en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Además, se ha descubierto que los servicios contratados duplican funciones que corresponden a otras áreas municipales, como la auditoría de entrega-recepción, que legalmente recae en la Contraloría Municipal.
La investigación también ha revelado que una parte considerable de los fondos asignados a estas “asesorías” supera con creces los presupuestos destinados a áreas vitales para la ciudad de Morelia, como la salud, la cultura y el deporte.
Por otra parte, Martínez Alcázar está siendo investigado por la FGR y la UIF por su presunta implicación en actividades delictivas, incluyendo el lavado de dinero y el uso del sistema financiero para cometer ilícitos. Aunque ha afirmado no haber sido notificado oficialmente de estas investigaciones y sostiene que ha actuado conforme a la ley, funcionarios y conocidos del candidato enfrentan acusaciones similares ante la UIF.
El ayuntamiento de Morelia también ha sido señalado por incumplir sus obligaciones en materia de transparencia, al no publicar de manera adecuada la información sobre los procedimientos de contratación. Aunque parte de la información ha sido divulgada parcialmente, no se ha seguido completamente con los lineamientos establecidos, lo que ha generado críticas y denuncias ante las autoridades pertinentes.
Fuente: El Universal
