Los diputados locales Julio Huerta Gómez y Rafael Micalco Méndez lanzaron un firme llamado al alcalde de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, para que conduzca su gobierno municipal dentro del marco legal y respete los derechos de los trabajadores.
Julio Huerta, presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, recordó que los presidentes municipales juraron al asumir el cargo que harían cumplir la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. Subrayó que ese compromiso no es simbólico, sino una obligación que debe guiar todas sus decisiones.
"Los excesos fuera de la ley tienen consecuencias administrativas, civiles o incluso penales", advirtió Huerta, quien instó a todos los ediles a ejercer sus funciones con apego a la legalidad.
Por su parte, Rafael Micalco, legislador del PAN, fue enfático en señalar que el cargo de "primer regidor" mencionado en el Ayuntamiento de Tehuacán es inexistente en términos legales. Explicó que esta figura solo tiene utilidad operativa para el Instituto Electoral del Estado durante las campañas, pero carece de sustento constitucional en el ejercicio del gobierno municipal.
Además, el diputado criticó severamente la creación arbitraria de figuras sin respaldo legal, así como la imposición de condiciones laborales irregulares a regidores, como horarios estrictos o la suspensión de sueldos sin un procedimiento formal.
En cuanto a la situación laboral, Micalco recordó que aún hay casos sin resolver relacionados con trabajadores despedidos injustificadamente del Ayuntamiento de Tehuacán. Algunos de ellos fueron cesados desde 2021 y no han recibido sus liquidaciones correspondientes, pese a que presentaron demandas laborales ante las autoridades.
"Estos abusos laborales no son exclusivos del sector privado. También se dan en los gobiernos locales, y eso es inaceptable", declaró el diputado panista.
Ambos legisladores coincidieron en que el respeto a la ley no es opcional, y pidieron al alcalde Barroso Chávez rectificar su actuar para evitar que la administración municipal enfrente conflictos legales mayores y, sobre todo, para garantizar el bienestar de los trabajadores y la institucionalidad del gobierno local.
Fuente: El Ciudadano