El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lanzó duras críticas contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República por su papel en el incumplimiento de suspensiones relacionadas con la reforma judicial. Según el ministro, estas omisiones están erosionando los cimientos del sistema constitucional de México.
El próximo jueves 13, Gutiérrez Ortiz Mena presentará ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de resolución derivado de la contradicción entre las suspensiones concedidas contra la reforma judicial y las decisiones del TEPJF que han permitido su incumplimiento.
En su propuesta, el ministro exhortará a todas las autoridades a acatar las suspensiones vigentes. Además, solicitará a los jueces de Distrito revisar de oficio si dichas suspensiones se otorgaron de manera adecuada, conforme a los precedentes de la Corte. Asimismo, busca mantener la protección para los exintegrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) contra posibles sanciones del TEPJF.
“Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, señala el proyecto.
Gutiérrez Ortiz Mena destacó que el TEPJF carece de competencia para revisar las suspensiones emitidas por jueces de Distrito, ya que no es una autoridad jerárquicamente superior. Acusó que las resoluciones del TEPJF han debilitado la independencia judicial y alterado el sistema de impugnación de suspensiones de amparo.
Desde octubre pasado, el TEPJF ha emitido tres resoluciones sobre suspensiones concedidas en amparos contra la reforma judicial. Estas decisiones, impulsadas por el INE y el Senado, han sido utilizadas para justificar el incumplimiento de los mandatos judiciales.
El ministro recordó que la Ley de Amparo establece que las suspensiones sólo pueden ser impugnadas mediante queja o revisión, procesos en los que el TEPJF no tiene competencia. “No hay norma constitucional ni legal que habilite a la Sala Superior para intervenir en estos casos”, afirmó.
Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que el problema radica en la actitud de las autoridades que ignoran resoluciones de amparo cuando no les son convenientes. Consideró que esta práctica constituye un acto de soberbia institucional que mina el Estado de derecho.
“Cada vez que una autoridad se coloca por encima del derecho, contribuye a la demolición del sistema que todos estamos obligados a preservar”, señaló.
El ministro propondrá invitar a las autoridades a cumplir con las suspensiones o, en su caso, impugnarlas mediante los recursos legales correspondientes.
Tras conocerse el contenido del proyecto, el bloque mayoritario del TEPJF, liderado por la presidenta Mónica Soto, solicitó que se declare el impedimento de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, del propio Gutiérrez Ortiz Mena y de otros dos ministros, argumentando falta de imparcialidad.
Soto calificó el proyecto como un riesgo para el Estado de derecho y defendió la posición del TEPJF, asegurando que no existe un conflicto directo con la SCJN, sino preocupación por la independencia judicial.
Esta controversia refleja las tensiones entre los poderes del Estado mexicano en torno a la reforma judicial y la necesidad de preservar el equilibrio institucional.
Fuente: Proceso