En el próximo periodo de sesiones, que comenzará en febrero, se presentará una "gran reforma" a la Ley Orgánica del Congreso, con el objetivo de homologar los salarios de los diputados y senadores, siguiendo los principios establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Según el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, esta medida busca que "quien deba ajustarse el cinturón, lo haga".
En entrevista con los medios, Ramírez Cuéllar explicó que esta reforma no solo se centrará en los salarios, sino que también impulsará la ampliación de los periodos de sesiones y la profesionalización del trabajo en las comisiones. Actualmente, señaló el legislador, "el trabajo en el Congreso es muy limitado", por lo que es necesario extender las sesiones y mejorar la eficiencia del órgano legislativo.
El legislador morenista también subrayó que la reforma tiene como uno de sus principios eliminar diferencias salariales entre los miembros de ambas cámaras del Congreso. "No tiene sentido que existan desigualdades en los sueldos de los legisladores", expresó, añadiendo que esta medida se enmarca dentro de la Ley de Austeridad para evitar privilegios como seguros médicos y otros beneficios, con el objetivo de que los salarios sean inferiores al de la Presidenta de la República.
En cuanto a las cifras actuales, según datos oficiales de la Cámara, los diputados reciben un salario mensual neto de 75 mil 763 pesos, más prestaciones, mientras que los senadores ganan 126 mil 800 pesos, también con prestaciones adicionales.
Además de la homologación salarial, Ramírez Cuéllar destacó la necesidad de transformar al Congreso en una institución de mayor relevancia y presencia en la vida política del país. Entre otras medidas de la reforma, se busca profesionalizar la gestión de las comisiones, optimizar el Canal del Congreso, garantizar parlamentos abiertos y hacer que los periodos de sesiones sean más productivos, para fortalecer el debate y la conexión del Congreso con la ciudadanía.
Fuente: La Jornada