La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde al Congreso de Nuevo León para continuar con el juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, en respuesta a la solicitud de la Comisión Anticorrupción presentada en enero del año pasado.
Con unanimidad de votos, exceptuando la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se ha validado el proceso legislativo contra el mandatario local por presuntas irregularidades en su gestión. No obstante, la controversia presentada por el político neoleonés tras la decisión de la comisión del Congreso en su contra también ha sido resuelta.
En la sesión del martes 21 de mayo, los ministros determinaron que la normativa que obligaba a la persona acusada a abandonar su cargo, según el artículo 203 de la Ley de Juicio Político, es inconstitucional. Por lo tanto, García Sepúlveda permanecerá al frente del estado durante el proceso, ya que el Congreso local no tiene la facultad para remover a un gobernador; esa prerrogativa recae en el Tribunal Superior de Justicia y requiere una sentencia.
Es relevante señalar que, solo si el Congreso local concluye que García Sepúlveda cometió faltas graves, este deberá dejar la gubernatura; de lo contrario, podrá continuar en su cargo. Sin embargo, la decisión final recaerá en el Tribunal Superior de Justicia del estado. Mientras tanto, deberá seguir desempeñando las funciones que establece la Constitución de Nuevo León para su cargo.
La saga legal comenzó cuando la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició el proceso de juicio político contra García en 2023. Sin embargo, el proceso se detuvo temporalmente cuando el gobernador presentó un juicio contencioso administrativo, que resultó en una suspensión concedida por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta suspensión fue invalidada posteriormente mediante una controversia constitucional presentada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León.
A pesar de estos avances legales, el proceso se mantuvo estancado debido a una suspensión definitiva otorgada a García por un juez de amparo. La situación se complicó aún más cuando el Congreso de Nuevo León nombró a un gobernador interino, Luis Enrique Orozco Suárez, durante la licencia que García pretendía utilizar para buscar la candidatura a la Presidencia de la República.
La intervención de la SCJN fue necesaria para resolver esta crisis institucional. Inicialmente, la Corte dictaminó que Orozco Suárez asumiera como gobernador interino, pero este renunció tres días después, permitiendo que García Sepúlveda retomara sus funciones como gobernador y dejara de lado sus aspiraciones presidenciales.
Fuente: Infobae