El Congreso de Baja California Sur aprobó una legislación para tipificar como delito los "discursos de odio", estableciendo penas de hasta cuatro años de prisión para quienes emitan tales expresiones, sea cual sea el medio utilizado.
La iniciativa, presentada por la diputada morenista María Guadalupe Moreno, recibió nueve votos a favor y seis abstenciones durante la sesión plenaria al cierre de la jornada legislativa. La propuesta fue respaldada tras la lectura del dictamen emitido por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Justicia.
La modificación introduce el artículo 205 TER en el Código Penal local, definiendo el discurso de odio como cualquier acto peyorativo o discriminatorio que incite a la violencia contra una persona por motivos como religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otros factores de identidad. La sanción por este delito puede incluir una pena de dos a cuatro años de prisión o una multa.
La reforma también incluye una nueva sección titulada "Discriminación y Discursos de Odio" en el Código Penal, en reconocimiento de la importancia de combatir la discriminación y proteger a las víctimas de violencia vinculada a este tipo de comportamiento.
Durante las discusiones, la diputada María Luisa Ojeda del PRD destacó el progreso en este tema, pero instó a redactar la legislación de manera objetiva y clara para evitar malas interpretaciones que pudieran afectar la libertad de expresión.
Sin embargo, algunos expertos legales han advertido que la reforma podría enfrentar desafíos constitucionales, citando preocupaciones sobre la interpretación subjetiva de la ley y la falta de proporcionalidad en las penas, que podrían exceder las sanciones por otros delitos como robos simples o abusos sexuales no agravados.
En las redes sociales, la iniciativa ha generado controversia con algunos usuarios respaldando la legislación pero instando a un mayor debate y expertise para salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión y evitar interpretaciones erróneas que puedan limitar este derecho.
Fuente: El Universal