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La sentencia emitida el viernes por el juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, que anula la aprobación de la píldora abortiva mifepristona por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), es el ataque más flagrante al derecho democrático al aborto desde la decisión del Tribunal Supremo el verano pasado de anular el caso Roe vs. Wade.
La decisión, si no se revoca con un recurso de emergencia, tendrá un efecto catastrófico en la atención sanitaria de las mujeres pobres y de clase trabajadora. Cinco millones de mujeres han recurrido a la combinación de dos fármacos, mifepristona y misoprostol, en las dos décadas transcurridas desde que se aprobó el procedimiento. En los últimos años, estos medicamentos han superado a la cirugía como procedimiento abortivo más común, y se calcula que 500.000 mujeres recurrieron a la mifepristona en 2022.
Al ampararse en la Ley Comstock, una ley barbárica de 1873 que penalizaba cualquier entrega de materiales relacionados de algún modo con el sexo o el aborto a través del correo o de un transportista comercial, Kacsmaryk abrió la puerta a impugnaciones legales de cualquier forma de aborto más allá de esta píldora, como los métodos anticonceptivos.
La decisión tendría un efecto profundamente perturbador en toda la industria farmacéutica y biotecnológica, según una carta abierta publicada el lunes, firmada por 400 directores generales y otros ejecutivos. Señalaban que sustituir el criterio científico de la FDA por el de jueces sin formación abriría una caja de Pandora de impugnaciones legales de vacunas y otros tratamientos vitales.
Según los principios establecidos por el juez, los grupos antivacunas podrían solicitar medidas cautelares contra la distribución de las vacunas que han salvado innumerables vidas en la pandemia de COVID-19, así como vacunas contra enfermedades infantiles que se han relacionado falsamente con el autismo.
Fuente: WS