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A raíz de una anomalía detectada en la empresa a cargo del cuidado de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tuvo lugar el lunes pasado el incendio que ha dejado hasta ahora 39 muertos y 27 heridos, el Servicio de Protección Federal (SPF) se hará cargo desde este viernes de la vigilancia del lugar, informaron la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.
Ambas funcionarias señalaron que las autoridades ya descubrieron la primera irregularidad cometida por la firma Grupo de Seguridad Privada Camsa.
Rosa Icela Rodríguez indicó que esa empresa “sólo tenía reportados a cuatro empleados con 10 uniformes y el contrato con el Instituto Nacional de Migración era de 503 elementos en 23 estados de la República”.
Agregó que la compañía solicitó su registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC “el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, dijo la secretaria, la autoridad revocará el permiso y esa empresa ya no podrá operar en el país.
Detalló que los accionistas de Camsa fueron identificados como David Vicente Salazar Gasca y George McPhail Trouyet y serán investigados, al igual que la empresa, contra la cual ya hay un proceso administrativo.
A una pregunta sobre por qué el INM no había contratado antes al SPF, como había ordenado el Presidente a las instituciones federales, Rosa Icela Rodríguez respondió: “Tocamos las puertas de todas las dependencias para ofrecer los servicios. Pero hay algunas dependencias que los aceptan y hay dependencias que no los quieren o no los requieren”, entre ellas el órgano a cargo de Migración.
La representante de la FGR añadió que la investigación “se amplía a todas las áreas de responsabilidad del INM” para conocer cuáles eran las obligaciones y cuáles pudieron haber sido las acciones u omisiones en que incurrieron los mandos de la institución.
Fuente: La Jornada